MASIVO ASESINATOS DE COLOMBIANAS

DESAPARICIÓN DE PERSONAS

COLOMBIANOS DESAPARECIDOS

PERSONAS DESAPARECIDAS EN CALI

VOCES DEL SECUESTRO

SECUESTRO EN COLOMBIA

SECUESTRO UNA LACRA SILENCIADA

COMBATIR LA CRIMINALIDAD

Los científicos sociales han advertido que existe un vínculo estrecho entre la tolerancia de ciertas actividades y actitudes y el fomento de comportamientos antisociales y criminales. Si en un edificio no se cambian las ventanas rotas, se da una señal de que puede convertirse en una invitación abierta para que los transeúntes rompan otras ventanas. Si la policía ignora, por ejemplo, que se paren campaneros en las esquinas, como ocurre en varios barrios de Bogotá, donde la gente los saluda con temor, que se reúnan pequeños delincuentes en las calles y que molesten a la población con su comportamiento, o que consuman alcohol en las aceras y desplieguen actitudes o comportamientos antisociales, es posible que escalen sus actividades y pasen de ser una simple molestia a convertirse en amenaza o en un peligro. La teoría apunta a que si se quiere reducir el crimen hay que principiar por no tolerar estas actividades. Con base en este concepto, se concibieron políticas de seguridad en varias ciudades del mundo que aparentemente han tenido éxito. La más conocida experiencia ha sido la de Nueva York. El alcalde Rudolph Giuliani puso en práctica una estrategia de "cero tolerancia" a las infracciones menores, tales como la vagancia, la mendicidad o el consumo de licores en las calles, a la vez que intensificaba medidas más convencionales de seguridad y volvía más efectivas la vigilancia y la represión de la policía. Los resultados fueron muy positivos. Después se ha cuestionado si fueron en efecto estas políticas las que contribuyeron al descenso de la criminalidad en la ciudad o si ello se debió a tendencias que ya venían operando. A pesar de esta controversia, parece que la estrategia de combatir la criminalidad hasta en sus más pequeñas manifestaciones sí tiene fundamento y que ella es un punto de partida necesario para que en una sociedad democrática los ciudadanos puedan disfrutar de la seguridad y protección que debe brindarles el Estado. Esta manera de pensar ha sido de origen conservador y se ha identificado con la derecha, por lo cual ha tenido poca acogida en otros toldos donde la miran con sospecha, entre otras cosas porque solamente contempla el castigo y la represión y no el perdón o la reinserción. A pesar de ello, en Colombia está difundiéndose, cada vez con mayor fuerza y en distintos ambientes ideológicos, la idea de que el caos que vivimos en la actualidad en Colombia, el secuestro de centenares de personas por parte de una organización que también se dedica al narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, las masacres, el contrabando, el crimen organizado y la ineficacia del Estado en la provisión de seguridad pudieron progresar porque la sociedad ha sido excesivamente tolerante. Pero esto está cambiando rápidamente. Abdón Espinosa se escandaliza con razón de que el Gobierno les expida a los captores y asesinos de Gloria Lara pasaportes nuevos. Antonio Caballero señala que cuando se presentaron los primeros secuestros no se repudiaron con suficiente fuerza. La organización de la marcha que tendrá lugar el próximo lunes ha ayudado a crear conciencia de que tolerar estas actividades y organizaciones contribuye a fortalecerlas. Esto es definitivamente un progreso. Hace unos años se pensaba en muchos ámbitos que el problema del secuestro era solamente de los ricos y que las organizaciones que secuestraban tenían alguna justificación para hacerlo. Hace falta que se tome conciencia de que todavía se toleran el narcotráfico, el combustible de la guerrilla, los paramilitares y el crimen organizado. Los Sanandresitos continúan operando, protegidos por políticos destacados. Los colombianos todavía buscamos soluciones privadas a la inseguridad, negando la función esencial de un Estado moderno, y todavía toleramos con excesiva condescendencia la corrupción y la politiquería cuando se deberían rechazar con la misma vehemencia que se desplegará el 4 de febrero contra el secuestro. Rudolf Hommes Rodríguez.

MIEDO EN MEDELLÍN

En un opaco miércoles de agosto de 2006, el estudiante de derecho Haider Ramírez se levantó a las 5 de la madrugada, llevó a su esposa, Liliana, al trabajo y a su hija de 6 años al colegio. Estaba malgeniado. Vestía de forma inusual: pantalón gris de lino y camisa azul. Liliana lo vio ese 28 de agosto particularmente irritado. A las 8 de la mañana, llegó al barrio Villa Laura. Se bajó de su Chevrolet Sprint y comenzó a caminar hacia su oficina de Corapaz, la organización barrial de la Comuna 13 que dirigía. Avanzó pocos metros. Dos hombres motorizados lo alcanzaron. Cuando lo tenían cerca, lo balearon. El líder social de la comuna quedó tirado boca abajo en la calle. Antes de las 9 de la mañana la noticia de su muerte ya se había regado por toda la ciudad. Ramírez, aspirante al Concejo de Medellín de 39 años, había sido asesinado. Y el lugar de los hechos era su propia comuna. Por 20 años había sufrido cada calle de sus 14 barrios. Las conocía hasta en lo más íntimo. Su muerte significaba lo que muchos no se atrevían a decir. Era el reencuentro de sus habitantes con el miedo. Era la historia volviéndose sobre sí misma con convulsa insistencia. De nuevo el barrio militarizado, al igual que en 2001, cuando el gobierno lanzó su Operación Orión para arrebatarles el reino de plomo que habían fraguado allí milicias guerrilleras y paramilitares. Entonces, las imágenes de televisión de esas laderas parecían las de una guerra entre naciones: soldados atrincherados detrás de arsenales en las casas, tanquetas desfilando por las empinadas calles, helicópteros Black Hawck sobrevolando los techos y las cabezas de niños y ancianos. La gente atendía la recomendación oficial: “No asomarse por las ventanas”. Ahora, la guerra no se ve casi de día. El temor ha colonizado, por ahora, la noche. Desde que Haider fue asesinado, las historias de antes se repiten. La gente ha comenzado a denunciar que han retornado bandas nocturnas que controlan las calles, extorsionan, vigilan el expendio de drogas. Tres grupos de muchachos se disputan los barrios de esta montaña: Los cuquitas, Los victorinos y El combo. Hace 20 días el presidente Álvaro Uribe estuvo en la cancha de fútbol de El Salado, al occidente de la Comuna. Anunció que 500 nuevos policías vigilarían Medellín e invitó a la tranquilidad. Pero a los habitantes les cuesta trabajo aceptarle la invitación. Uno de ellos, Ramón Serna*, le contestó entre dientes al Presidente: “Por qué no viene de noche y nos dice lo mismo”. En El Salado ya tienen una estrategia para asegurase la tranquilidad. Ocultarse. Encerrarse en sus casas después de las 8 de la noche. Caminar las calles después de esa hora resulta una osadía. Aunque los funcionarios de la Alcaldía digan a don Ramón que hay menos muertos ahora que el año anterior, él asegura que si se atrevieron a “tocar“ a Haider, se atreverán a tocar a cualquiera. “No son necesarios los muertos para tener miedo, apunta mientras camina por una de las aceras empinadas de su barrio. Es que al miedo nadie le puso calzones y yo no necesito que me saquen un arma para sentirme amenazado”. Lo dice con tono irónico ara referirse a algunos vendedores de su barrio que están siendo vacunados por el Combo. Cada semana este grupo de jóvenes, todos menores de 18 años, cobran 5.000 pesos y al comerciante que se resista a darlos, lo amenazan. Pero ser comerciante o vendedor no es el único requisito para merecer una advertencia de estas bandas. El caso del carismático Haider lo demuestra. Otros líderes de la comuna ya comenzaron a huir por amenazas. Dos de ellos pidieron además, protección al Estado. En otro barrio de la Trece, Las Independencias, transitar de noche resulta un acto heroico. El ingreso y la salida a sus cuadras son controlados por hombres armados que administraban cada una de las calles. La descripción del secretario de Gobierno, Gustavo Villegas de la situación resultó ser una buena radiografía: “Yo no me voy a meter a Las Independencias a esta hora (las 7 de la noche), ni por el berraco”. El pavor resucitó como un efectivo y macabro protagonista en la historia de estos barrios. Alfredo Jiménez*, comerciante, fue apuñalado hasta la muerte en su barrio Nuevo Amanecer, al suroccidente de Medellín, en límites con la Comuna 16. Desplazado del Urabá como la gran mayoría de sus habitantes, don Alfredo vivía con su familia y era dueño de una de las cuatro tiendas del barrio. Nadie sabe por qué lo mataron. “Cualquier cosa puede ser un motivo”, dice Daniel Bustamante*, un habitante del barrio. Un ayudante del tendero también fue apuñalado pero pudo salvarse. No quiere regresar. Él sabe mejor que nadie lo que significa la noche por esas calles. Es el desasosiego que obliga al encierro. Al igual que en la Comuna 13, este asesinato de hace tres semanas develó lo que ha venido ocurriendo en Nuevo Amanecer, un barrio con apenas dos años de fundado, pero cuyos integrantes llevan seis sufriendo de miedo. La mayoría de sus 2.800 habitantes son antiguos vecinos de la Mano de Dios, un asentamiento de desplazados que el 31 de julio de 2003, se incendió por completo y obligó al gobierno a reubicarlos. Sus pobladores estaban convencidos de que era el comienzo de una nueva vida. Por eso bautizaron el barrio Nuevo Amanecer. La desilusión vino pronto. Cualquier visitante pensaría que el barrio es la localidad perfecta para una película de terror. Son 217 casas apeñuscadas y divididas en cuatro filas horizontales y 4 verticales; el alumbrado público a media luz, calles empolvadas, sabanas grises utilizadas como cortinas, ventanas rotas, muros sin revocar, una cancha de fútbol miniatura y con un solo arco y una carpa amarilla que sirve como salón de clases a un colegio sin nombre. A veces, durante las noches de los viernes o los sábados, algún equipo de sonido deja escapar un reguetón y se puede ver a un adolescente cortejando a su vecina en la última pared del barrio. El amanecer es casi siempre siniestro en Nuevo Amanecer. Queda a la luz el saldo de la noche. Después del incidente del tendero, el domingo 22 de octubre, Daniel se atrevió a salir de noche. Antes de las 10 se le acercó un hombre y señalándolo con el dedo le dijo: “Tenemos que matar a este hijueputa. Tenemos que matarlos de una vez a estos negros”. Daniel, pensando que podría correr la misma suerte del hombre que fue apuñalado hacía ocho días, tragó saliva y alzó las manos como si se tratara de una requisa. El otro dejó de señalarlo y se fue sin decir más palabras. Daniel retornó a su encierro y comprobó, en carne propia, que la noche es una prohibición. Pero la de Daniel es sólo una de las tantas historias con la que fácilmente podría completarse una antología de cuentos para no dormir. En mayo de este año un bebé de nueve meses se salvó de ser aventado por las escaleras más empinadas del Nuevo Amanecer. Dos hombres llegaron de noche a su casa preguntando por don Joaquín para matarlo y como no tuvieron respuesta cogieron al niño, lo metieron en un costal y lo levantaron sobre sus cabezas para lanzarlo escaleras abajo. Una vecina les suplicó que no lo hicieran porque ese no era el hijo del señor que estaban buscando. Los dos hombres, que vestían de negro, le creyeron y dejaron al niño en la puerta de la casa. Al otro día, en la madrugada, don Joaquín y su hijo huyeron. El pasado 11 de octubre se realizó un consejo de seguridad y la comunidad expuso su colección de quejas. Después de escucharlos, la Alcaldía rentó por 200.000 pesos, la casa del tendero asesinado y se comprometió a crear allí una Casa de Justicia. La Policía asignó una patrulla permanente para el sector. A Yaneth Mosquera* le cuesta trabajo confiar en que las cosas mejoren con esos compromisos. Habla de falta de trabajo y educación.: “¿Tengo que vivir con mis victimarios?”, se pregunta y recuerda que en el barrio viven 28 desmovilizados de la AUC, además de los líderes de la banda Los negros, quienes hacen de la intimidación la mejor herramienta para gobernar Nuevo Amanecer. Yaneth cuenta, además, que aún después del consejo de seguridad, siguieron apareciendo caras desconocidas en el barrio. Han subido carros y motos que nunca antes se veían. Han hecho disparos al aire. En la noche ya nadie ve nada. El tiempo se detiene. En Altos de la Torre, el barrio más perdido de la ciudad, también hubo ya un asesinato de alerta. Hace un mes, después de media noche, fue baleado un tendero en su propia casa. Hace tres domingos un grupo de muchachos comenzó a hacer disparos al aire muy cerca de la escuela. En ese barrio, un desafío a la gravedad, la policía es un acto de fe. No suben buses ni taxis ni carros particulares. Tan sólo algunas motos logran llegar hasta la escuela, en la parte baja. Es la única, con cinco salones, en uno de los cuales dan clases a los de séptimo y a los octavo al tiempo. Más arriba sólo se llega a pie, subiendo escaleras de cemento o por trochas pantanosas. Las casas están amontonadas unas sobre las otras. Las 2.000 personas que habitan allí comparten un sólo teléfono. Las mangueras del acueducto viven reventadas. Cuando se inventaron en la Alcaldía los lemas Medellín está en Obra y Medellín, la más educada no estaban pensando en Altos de la Torre. La noche en ese barrio es el escenario perfecto para los bandidos. Es, a la vez, un palco ideal desde dónde divisar el Valle de Aburrá y el mejor escondite de Medellín. Poca luz, difícil acceso, comunidad atemorizada, ninguna autoridad. ¿Qué más pueden pedir los delincuentes? Ya se habla de la visita nocturna de hombres encapuchados, armados y vestidos de negro como la noche. Los han visto en la escuela, por las escalas que llevan a la parte más alta del sector y por la gran torre de energía que divide en dos al barrio. Nadie sabe con certeza quiénes puedan ser los nuevos visitantes. Algunos vecinos dicen que son guerrilleros de las Farc que bajan desde la montaña lindante con el municipio de Santa Elena y aprovechan los mejores atributos de Altos de la Torre: que nadie lo encuentra y que después de las 6 de la tarde, nadie lo sube. Patricia Marroquín* vive allí desde niña, es una mujer teñida por el sufrimiento. Aunque desde hace cuatro meses no sale de su casa de noche, ella se volvió noctámbula. No duerme pensando que los hombres de negro van a bajar de la montaña y se le van a llevar a alguna de sus hijas. Abrir la única ventana de su casa es una prohibición y quedarse en la casa, una orden. No es delirio de persecución. ”Es el miedo que nos encierra, susurra. Prefiero pasar toda la noche con mis hijas viendo televisión que dando papaya en la calle” dice mientras peina a la menor de su hijas. Es un barrio de advertencias. Otro, que de noche está vetado en Medellín. La gente expresa su ansiedad en todos los tonos posibles. Volver chiste lo que les pasa alivia la tensión. Ya saben que cuando llaman a la Policía, allá les responden: “¿En dónde es que queda eso?”. Entonces bromean: ¿Quién va a cuidar a los Policías en este barrio tan oscuro y empantanado? Una vecina de Patricia, que prefiere no decir su nombre, cree que tienen un problema principal: “Que el barrio se acostumbró a tener dueños”. Desde que la guerra del Urabá los desplazó en 1996 y eligieron a esta ladera para acomodarse, las personas de Altos de la Torre han vivido bajo el mandato de la guerrilla, los paramilitares y la delincuencia común. Ha sido una disputa eterna para probar quién es el más fuerte. Hoy se habla de J. J. Hidalgo como el más poderoso. Amo y señor de la noche y de las amenazas. Todos hablan de él con sigilo. Su nombre se pronuncia a puerta cerrada en sus casas. Él hace de juez y dicta las normas de comportamiento: las formas de vestir, los horarios de diversión, quién puede fumar marihuana y manda a castigar a los ladrones. Al preguntarle al comandante de la Policía Metropolitana, coronel Marco Antonio Pedreros, sobre la situación del barrio, esta fue su respuesta espontánea: “¿En dónde queda Altos de la Torre?”. Sería cómico si no fuera trágico. La noche de Medellín se tiñe de miedo. A esa hora la ciudad parece ingobernable. Los habitantes de muchas de sus calles hablan de la noche como si fuera la misma maldad. Los grupos ilegales están reapareciendo en la oscuridad. En la Trece, en Nuevo Amanecer o Altos de la Torre las historias se copian unas a otras. Matones detrás de las sombras que han devuelto a la gente al encierro, del que había descansado por unos meses. Nadie, ni las organizaciones sociales, ni los líderes barriales, ni la comunidad, quiere que la historia se devuelva. La intimidación en estos y otros barrios es el preludio de la misma película que han visto por 20 años. Nadie quiere que vuelva a comenzar. Revista Semana.

La violencia es el primer factor de infelicidad en una sociedad. La tranquilidad es como la respiración para el ser humano: el aire pareciera no existir, pero cuando falta, desaparece la vida. Donde hay violencia, la seguridad se convierte en derecho fundamental de primera generación, por encima de los bienes materiales. Ante tanto sufrimiento que ha vivido la nación, la sociedad clama seguridad, y pide a gritos autoridad como virtud de la democracia y como mandato imprescindible para quienes ejercen el poder. Gobernante que sea laxo con los violentos, que permita que florezcan atropellos contra las libertades públicas y los ciudadanos, incumple su ética de gobernante y le hace un gran mal a la sociedad. Así como hay fuentes de electricidad y de agua que surten a todo un país, así también, hay espacios que los violentos seleccionan para extender la violencia a toda una ciudad. La Comuna Trece es un bello balcón de Medellín desde donde ilegales lo quieren utilizar como semilla germinadora de violencia urbana. Son muchas las variables que la hacen provocativa para los ilegales: Es camino de paso de los alzados en armas; lo cruza un oleoducto apropiado para robo y comercio ilegal de combustibles; hay confluencia del negocio maldito de la droga; los accesos vehiculares son precarios; y la inversión social de la zona ha sido por años insuficiente para una calidad de vida digna. Por muchos años, y hasta el 2002, allá se disputaban el territorio un salpicón de la violencia: guerrilla, paramilitares, comandos armados del pueblo, bandas expendedoras de drogas y sofisticados grupos de delincuencia común. Era una comunidad llena de zozobra, censurada. La gente era esclava de los agentes violentos. El 46% de sus habitantes huyeron desplazados; los que se quedaron, dormían debajo de sus camas por los tiroteos. Las propiedades no tenían valor comercial. Casa que se abandonaba casa que se erigía como cuartel. A las calles les arrancaban su identificación urbana. La telefonía de EPM fue desconectada por los violentos, y monopolizaron las comunicaciones para fortalecer una guerra de posiciones y evitar intromisión de agentes externos de fuera de la zona. En la Comuna Trece no existía una comunidad libre, pues estaba amedrentada y sometida por la fuerza. La ciudadanía no tenía voz. No podía opinar. Los líderes cívicos eran asesinados, secuestrados o expulsados violentamente. No había espacio para la civilidad. Las libertades públicas estaban encadenadas. El conflicto de la Comuna Trece no era entre la comunidad y el gobierno; era entre los mismos actores armados que se disputaban el territorio y que querían extender su ley a toda la ciudad. La pobreza de la zona no era la razón esencial del conflicto. Para vivir en paz no hay que solucionar todas las carencias materiales, pues sería paz para nunca. Y paz para nunca no es una propuesta política ni social. A finales del 2002 la Comuna Trece se pacificó. Más de mil policías y soldados del ejército controlaron el área y allí permanecieron. Se encontraron fábricas de armas; casas desoladas; colegios convertidos en centro de operaciones de guerra, donde no se escuchaba el himno patrio sino que eran obligatorios los cánticos de los alzados en armas. Se hallaron carros bombas, carros robados, numerosos secuestrados. En fin, era un territorio de humillación a la libertad y un monumento a la ilegalidad y violación de los derechos humanos en el corazón de la ciudad. Cuando se pacificó la Comuna Trece inmediatamente se empezó a aliviar la ciudad. En el año 2003, hubo 2200 homicidios menos que en el 2002, cifra humana sin antecedentes. Luego en el 2004 y 2005 los homicidios disminuyeron en un porcentaje muy sobresaliente. Desde allí empezó la ciudad a salir de esa peste brutal de la violencia. La Paz es como el amor, todos los días hay que cuidarlo. Si el Gobierno se vuelve laxo o desestima la autoridad, regresa la violencia. El dolor y el miedo están regresando a la Comuna Trece. La gente se ve intimidada, censurada, llena de miedo. Acaba de ser asesinado Haider Ramírez, un líder cívico ejemplar, gran amigo de propósitos nobles. Parece que una sociedad enferma no resiste los hombres buenos; los mata, los expulsa. Ver caer al líder derrumba las esperanzas de un pueblo. Hay más. El Ejército ha librado más de 6 combates en la zona en el 2006. Hay preocupación porque se ha dicho que van a sacar al ejército de la zona; la gente ha aprendido a querer a sus soldados. Hay quejas de comercio ilegal de drogas intenso. Volvieron bandas que impiden a los ciudadanos circular libremente en la comuna; bandas impiden libre paso de un barrio a otro. La Comuna Trece se está enfermando de nuevo. Hay vientos extraños. Hay asesinatos en cadena. Se respira miedo. Se siente la presencia invisible de manos negras que mantienen una persecución perceptible contra las organizaciones civilistas sobresalientes. Decía Lleras Camargo que hay que respetar el pasado, que hay que sentir reverencia por el pasado, que no existe obra de gobierno importante para una sociedad sino se respeta el pasado. Medellín tiene que ser la ciudad más pacífica de América Latina. Medellín no puede perder su norte de pacificación iniciado en el pasado. Si a la Comuna Trece regresa el dolor, el miedo y la guerra de posiciones de los violentos; la zozobra y el crimen volverán a toda la Ciudad. Luis Perez Gutiérrez (ex alcalde de Medellín).

Luego del homicidio de su primer hijo, en agosto del año pasado, Claudia* tomó fuerzas para denunciar a dos desmovilizados de las Auc que hoy están en prisión. Desde entonces, no dejó de recibir amenazas que aumentaron su tragedia el 6 de enero pasado, cuando su segundo hijo fue acribillado en una calle de San Javier. El adolescente hace parte de la lista de 15 personas asesinadas el mes pasado en cinco barrios de la comuna 13: Las Independencias (sectores I, II y III), 20 de Julio, El Salado, Belencito y Villa Laura. Claudia pasó a engrosar las cifras de desplazados urbanos, pues pese a que contaba con protección de la Policía, las amenazas continuaron. Tuvo que sacar del sector a los dos hijos menores de edad que le quedaron y luego se marchó. Control territorial Las condiciones que permitieron el florecimiento de los grupos armados en cinco barrios de la comuna 13 de Medellín siguen presentes y podrían explicar la aparición de estas nuevas manifestaciones de violencia en la zona. La lucha por el control territorial entre grupos armados ilegales sigue su curso, a pesar de las operaciones militares que permitieron una recuperación institucional de la comuna, luego de varios años de enfrentamientos entre Farc, Eln y Comandos Armados del Pueblo (Cap) con las Auc. Ese control, que deriva en el manejo de los recursos provenientes de actividades ilícitas, como la venta de estupefacientes y el tráfico de armas, así como del cobro de extorsiones a comerciantes y transportadores, sería la causa de los nuevos hechos de sangre. Así se desprende de la investigación realizada por el Grupo de conflictos y violencia, adscrito al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia (Iner). En el grupo participan investigadores de las universidades de Antioquia y Medellín, así como de la Corporación Región y del Instituto Popular de Capacitación, que analizaron el caso de cinco barrios de la comuna 13 para explicar las causas del conflicto que se había dado por terminado luego de la Operación Orión, en octubre de 2002. Pablo Emilio Angarita, director del grupo que presentará su investigación a mediados de este año, dijo que el problema es que en la comuna se realizó una recuperación parcial de la institucionalidad. Según el investigador, durante la operación Orión y desde entonces, los grupos paramilitares han ejercido presión en la comunidad a pesar de la presencia de la fuerza pública. El comandante del batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina de la IV Brigada, coronel Édgar Ávila, que cuenta con 180 hombres en la comuna 13, sostuvo que es "muy atrevido decir que hay paramilitares en esos barrios". Según el oficial, la gente podría estar confundiendo a los desmovilizados con paramilitares. "No entienden que ellos están en un proceso y los ven figurando en los barrios, los ven en reuniones, los ven como mandando o tratando de organizar a la comunidad", dijo el militar. De acuerdo con el coronel, lo que hay en la zona son grupos de jóvenes manipulados por adultos que los mandan a cobrar vacunas y a vender drogas. Para el oficial, la violencia en la comuna está ligada con esta actividad. En sus denuncias, Claudia mencionó que algunos desmovilizados estarían reclutando a los menores de edad para que realicen actividades ilícitas. Orlando Jaramillo fue asesinado afuera de su casa en Independencias III, el pasado 29 de enero, un par de días después de haber golpeado a una menor de edad a la que acusó de ser un 'carrito' de los miembros de una banda de ese sector. El secretario de Gobierno de Medellín, Gustavo Villegas, negó que exista reclutamiento y aseguró que las autoridades no tienen denuncias sobre escuelas de entrenamiento para menores de edad. El grupo de investigadores descubrió que en esos cinco barrios de la comuna 13 persiste el modelo de la fuerza, el arquetipo del hombre armado que se mantiene desde aquellos que lucharon contra las bandas, los milicianos que controlaron el sector, los paramilitares que los combatieron y ahora la presencia de la Policía y el Ejército. El reto, dijo Angarita, consiste en modificar el modelo y cambiar las condiciones que permiten que la guerra se recicle con nuevos combatientes. Para Claudia eso ya no pudo ser. El último ataque lo sufrió el pasado 4 de febrero cuando, luego de la visita cotidiana de los agentes de Policía que le brindaban protección, desconocidos lanzaron un petardo contra su vivienda. Ella cree que ahora es tiempo de correr. "No podemos denunciar nada ¿Cuándo se acabará esta ley del silencio?", dijo mientras empacaba sus cosas. Propuesta ciudadana trata se abrirse paso Pablo Emilio Angarita, director de grupo de investigación que estudió el conflicto en cinco barrios de la comuna 13, aseguró que hay grupos de jóvenes y adultos que pugnan por una participación ciudadana pacífica y reclaman presupuesto y apoyo al Municipio para actividades de construcción de ciudadanía. Según Angarita, “la gente ha sido muy crítica con las propuestas de tipo militar, incluida la del Estado” y por ello recomienda a la administración municipal el apoyo para este tipo de esfuerzos. “La presencia policial es indispensable y reconocida por las comunidades que la recibieron como una salvación en un momento determinado, pero esta presencia debe ser complemento de una acción más dirigida al fortalecimiento de la participación comunitaria”, dijo el investigador. El Colombiano.

Las víctimas de los paramilitares vuelven a ser víctimas. Esta vez el lamentable turno fue para Carmen Cecilia Santana Romaña, una joven de 28 años y madre de tres hijos, baleada en Apartadó este miércoles, dos meses después de haber denunciado ante la Comisión Nacional de Reparación la muerte de su esposo Marco Tulio Hernández, un trabajador bananero asesinado en 1995. El homicidio ocurre tan sólo ocho días después del asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder que impulsaba a víctimas de las AUC en Córdoba para que denunciaran su desplazamiento y recuperaran las tierras que hace 10 años les arrebataron hombres de los hermanos Castaño Gil. Muy seguramente, la muerte de la antioqueña se debió a sus intentos por denunciar también las injusticias de los paramilitares. Carmen, después de Yolanda, de Óscar Cuadrado Suárez (en Maicao); y de Gustavo Espitia (en Cotorra, Córdoba), es la cuarta persona asesinada por reclamar los derechos que como víctima le ha dado la ley de Justicia y Paz. ¿Yolanda será la última? Tras la muerte de Yolanda Izquierdo, gobierno intenta frenar cacería a víctimas de los paramilitares Mancuso advierte sobre 5.000 nuevos paras dirigidos por miembros del Estado Mayor Negociador Un comunicado de la Comisión de Reparación dice que en noviembre del año pasado Carmen Cecilia se entrevistó con Patricia Buriticá, uno de los miembros de dicha organización, a quien le preguntó qué debía hacer para ser reparada por la muerte del padre de sus hijos. Al parecer, la intimidación y el miedo la desterraron de Antioquia de donde salió directo a Villavicencio, donde vivía como desplazada. Buriticá sostiene que la joven mujer se sintió segura en la conversación que sostuvieron, ya que “no había encontrado la oportunidad de denunciar o comentar los hechos con personas diferentes a su propia familia”. Al terminar el encuentro, Carmen ya sabía cómo proceder para reclamar la ayuda humanitaria que, muy seguramente, le ayudaría a minimizar los problemas económicos por lo que atravesaban ella y sus hijos Andrés, Sebastián y Camila. A finales de diciembre, aunque con miedo, tomó dos decisiones importantes: denunciar ante las autoridades el homicidio de Marco Tulio y regresar a su departamento. Sin embargo, las balas callaron su denuncia este 7 de febrero, frustraron la posibilidad de que tres niños pudieran crecer al menos con su madre y remataron a una víctima que pedía justicia. Está visto que Yolanda Izquierdo no fue la última víctima y como van las cosas, Carmen Cecilia tampoco lo será. No basta sólo con ponerse las manos en la cabeza, repudiar el hecho públicamente y decir que las víctimas tienen las suficientes garantías para que denuncien. Los resultados tienen que verse. Y por lo menos hay que empezar por no ver más víctimas re-víctimas asesinadas en las calles. Semana.