“Colombia ha superado el paramilitarismo.” Esta frase la pronunció el presidente Uribe en el discurso del 20 de Julio ante un Congreso que pasará a la historia, no por sus iniciativas, ni por sus ‘micos’, sino por el número de congresistas que están en la cárcel por cuenta de sus vínculos con los paramilitares. Desde luego, esta frase es la mentira mejor maquillada de este Gobierno. No es cierto que el país haya superado el paramilitarismo y, en cambio, crece día a día, a un ritmo vertiginoso, el número de víctimas amenazadas, hasta el punto de que estas hayan desistido de presentarse a las versiones libres.

Tal como vamos, es probable que, de las 45.000 víctimas registradas, la mayoría termine retirándose por temor a finalizar sus días como Yolanda Izquierdo. Tampoco es cierto que la desmovilización haya llevado la paz a las regiones, ni que estas hayan sido recuperadas por la fuerza pública, dos triunfos que el Gobierno invoca para sustentar su tesis de que el paramilitarismo dejó de existir en el país. En varias regiones, sus pobladores siguen sintiendo su poder intimidatorio. Luego de una etapa de relativa paz, las cosas han vuelto a parecerse dramáticamente al pasado reciente. Eso está sucediendo en Catatumbo, en Putumayo, en Chocó, en zonas de Bolívar, de Sucre, del Cesar y de Córdoba y en todo el Magdalena Medio.

Todo esto indica que, al contrario de lo que dice el Gobierno, hay evidencias de que el paramilitarismo, lejos de haberse superado, se está es reciclando en nuevas formas, cada vez más mafiosas y menos perceptibles, como bien lo advierte el último informe de la OEA.

Sin embargo, el Presidente, de manera apresurada, ha salido a descalificar dicho informe con la tesis de que el paramilitarismo se acabó, que los reincidentes solo son 3.000 de 30.000 desmovilizados y que aquellos que no se sometieron a la ley ya no son paramilitares sino narcotraficantes, “aliados o en competencia con la guerrilla”, a los que su gobierno persigue.

No obstante, las cosas no son tan simples, aunque Uribe siempre tenga la audacia de presentárnoslas de esa manera. Es evidente que la aplicación de la Ley de Justicia y Paz se ha encontrado con serios obstáculos, que si no se solucionan pueden convertirse en una gran frustración nacional.

Comenzando por el hecho de que cada vez son más contundentes las evidencias de que los jefes de las Auc presos en Itagüí siguen no solo delinquiendo desde la cárcel, sino imponiendo sus fichas políticas para las próximas elecciones, sin que el Gobierno hasta ahora los haya metido en cintura. Es probable que la filtración de las cintas a Semana no se hubiera dado si el Gobierno actúa en este frente.

Si somos muchos los colombianos que no entendemos por qué el Presidente, sabiendo lo que pasaba en Itagüí, no hizo nada, imagino que lo propio debió pasar entre los organismos de inteligencia. Esta sensación adquiere aún más peso después de leer la entrevista de Cecilia Orozco en El Espectador con el ex director de inteligencia general Guillermo Chávez, quien afirma que él realizó esas grabaciones cumpliendo órdenes superiores y que el Gobierno las conocía. El otro gran obstáculo es que esta ley fue hecha para los victimarios, no para las víctimas. El propio Presidente ha salido a pedirnos en varias ocasiones abogar por los victimarios con una convicción que nunca les ha dedicado a las víctimas de los ‘paras’. Ellos, a su vez, están apostando a la verdad mínima y a la reparación simbólica.

En cuanto a los políticos presos por sus vínculos con los ‘paras’, el Presidente ha resultado ser no solo generoso, sino tremendamente comprensivo. Nunca se ha referido a ellos como una prueba de la combinación de las formas de lucha de la extrema derecha, a pesar de que lo hace con frecuencia cuando se trata de condenar la combinación de formas de lucha de la guerrilla. Y se la pasa buscando salidas indecorosas y enviando emisarios a la cárcel, como cuando Samper enviaba a los suyos a visitar a Medina y a Botero. El paramilitarismo no está muerto. Hasta el Gobierno anda intimidado.